En el 2014 el gobierno chino se propuso lograr, para el 2020, un sistema integral capaz de cubrir a toda su población y que buscara un aumento en la confianza social. Uno de los objetivos iniciales era atenuar el engaño comercial e identificar así a empresas evasoras de impuestos, aunque hoy también, gracias a los avances de la tecnología, se pretende estimular y premiar el buen comportamiento ciudadano.
A la fecha se han puesto en marcha varias iniciativas convergentes. Por ejemplo, en la ciudad de Rongcheng (370,000 habitantes) se asignó inicialmente 800 puntos de crédito social a cada adulto. El puntaje varía: aumenta, por ejemplo, si uno realiza labor voluntaria, o dona sangre, o contribuye con los pobres; y disminuye por violaciones de tránsito, impuntualidad en reservas y citas, compras excesivas de alcohol y así. Los que mantienen altos puntajes son reconocidos públicamente y reciben el beneficio de menores colas en los hospitales o rebajas en el uso de los gimnasios o transporte público. Un puntaje bajo puede hasta impedir realizar viajes u obtener empleo.
Ocho empresas privadas han sido autorizadas para lanzar experimentos pilotos en medición de crédito social. Sesame Credit, una subsidiaria de Alibaba (cuya plataforma online cuenta ya con 400 millones de compradores), ha introducido una aplicación por la que sus usuarios la autorizan a efectuar una evaluación de su comportamiento cotidiano, que luego un algoritmo califica. Baihe, el servicio más popular de búsqueda de pareja (90 millones de usuarios), incluye el puntaje de Sesame Credit en la descripción de los candidatos. Ya 200 millones de cámaras registran imágenes que pueden afectar los puntajes, número que podría triplicarse en breve. Por el apetito que genera un mercado de 1,400 millones de personas, tanto Google como Microsoft han establecido centros de investigación y data para participar en este mercado.
Un abogado, Lio Xiaolin, no pudo comprar un boleto de avión porque había incumplido, en las formas, una orden judicial que lo obligaba a ofrecer una disculpa pública. El gobierno cuenta con varias otras listas de personas en falta: por ejemplo, de quienes han circulado rumores falsos o han sido descubiertos fumando en los trenes. En algunas provincias, los celulares de los deudores en mora resultan intervenidos con grabaciones que los identifican como malos pagadores. El sistema podría ser usado también para una vigilancia social sobre las autoridades locales. El profesor Du Liqun de la Universidad de Beijing opina que la construcción de un buen sistema de este tipo debe partir de la designación de autoridades confiables.
En el 2018 todas las empresas con licencia para operar en China —así como las ONG, sindicatos y asociaciones— han sido incorporadas en un registro —de 18 dígitos— que se integrará en el sistema general de crédito social aún por concretarse. Puede haber incluso temas de soberanía involucrados. Por ejemplo, Muji, una importante tienda japonesa, fue multada por este sistema porque la envoltura de uno de sus productos señalaba que había sido fabricado en Taiwan.
Sus críticos consideran que este sistema de crédito social en China va a convertirse en una herramienta orwelliana de monitoreo social que facilitaría la represión política. El gobierno chino, por su parte, lo promueve y defiende como un adecuado mecanismo para estimular la eficiencia administrativa social y fomentar la confianza social, así como el comportamiento adecuado de sus ciudadanos.