En las últimas elecciones, participaron más de cien mil candidatos. Asumiendo que cada uno haya invertido no menos de mil soles (por cierto, algunos han gastado cien y mil veces más), la campaña movilizó cientos de millones de soles. Nadie sabe bien quiénes los aportaron ni con qué intereses.

La democracia cuesta y no debería argumentarse una mera austeridad fiscal para limitar su calidad porque el ahorro de corto plazo puede crear agudos problemas después.

Los partidos políticos requieren de financiamiento público, de una regulación adecuada para los aportes privados y de una rendición estricta de cuentas. Debe poderse promover las donaciones que aspiran a una mejor competencia de ideas y obstaculizar aquellas que pretendan secuestrar el poder.

El ex vicepresidente de Colombia Humberto de la Calle, quien dirige hoy el equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con la FARC, elaboró en el 2001 una lista de diez reglas relevantes para el financiamiento político:

“1) Se requiere transparencia pública en los ingresos y gastos de las campañas y los partidos. 2) La ayuda estatal debe utilizarse para aumentar la equidad en la competencia. 3) Debe impedirse la influencia de grupos privilegiados sobre los gobiernos elegidos. Los vencedores no deben tomar posesión del gobierno como si fuera de un botín. 4) No debe haber aportes del extranjero. 5) No debe haber aportes anónimos. 6) No debe haber aportes de fuentes vinculadas al crimen o a actividades sospechosas. 7) Las regulaciones tratarán de impedir al máximo que se vulnere la libertad de expresión política. 8) Las regulaciones deben propender a que sea necesario menos dinero -y no más- para una campaña política. 9) Habrá organismos dedicados a aplicar estos preceptos. 10) Se castigará a los infractores”.

Si bien algunos cuestionarán la aplicación de alguno de estos principios, constituye un listado valioso para un debate y para acordar normas que hagan las elecciones más transparentes.