Hace años, se efectuó un concurso en EEUU sobre la mejor definición de democracia en Twitter. La ganó un chino (¡en mandarín, 140 caracteres dicen tanto como 200 en otro idioma!). El texto fue: “La democracia es un conjunto de reglas de juego que le permite a los individuos y organizaciones de una sociedad civil extender gradualmente sus intereses de manera transparente y no violenta”.
Hay “reglas de juego” racionales y otras que parecen arbitrarias. En EEUU, al presidente lo elige el Colegio Electoral y no la votación popular. En deportes, hubo un célebre partido de tenis en Wimbledon 2010 que demoró más de 11 horas (70 a 68 en el quinto set); los jugadores no se sostenían de pie a su término. A partir de entonces, se cambió las reglas para la resolución de aquellos juegos 6 a 6. En fútbol, suele criticarse por azaroso el desempate por penales. Entre otros, The Economist ha propuesto como más racional que en los suplementarios se reduzca cada cierto tiempo el número de jugadores (11, 9, 7, 5…) hasta que haya gol. Reglas de juego distintas pueden servir para un mismo objetivo. Y éstas deben adaptarse según las circunstancias y recibir una aceptación amplia.
En el Perú, hay 24 partidos políticos registrados; sólo 6 de ellos cuentan con representación en el Congreso. La mayoría de los demás son simples ‘vientres de alquiler’. Corregir trabas como ésta resulta imprescindible. Las propuestas del Informe Final de la Comisión para la Reforma Política apuntan a revivir y renovar los partidos, a regular el financiamiento de las campañas, a mejorar la rendición de cuentas, a lograr un mejor balance en el actuar del Ejecutivo y el Legislativo, y a promover una mayor participación ciudadana. Cada quien puede tener reservas respecto de algunas de estas propuestas, pero es evidente que su aprobación permitiría un salto cualitativo en la calidad de la política peruana, hoy tan alicaída.
Teniendo en cuenta los cortos plazos para las próximas elecciones, el Congreso podría convocar a una segunda comisión que, en pocas semanas, elabore pluralmente una ‘segunda opinión’ de propuestas concretas. Así, a fines de mayo, podrían aprobarse aquellas normas que revelen fácil consenso. Y habría un espacio ­—entre junio y noviembre— para un debate público y parlamentario sobre cómo mejorar y conciliar las propuestas alternativas discrepantes. Y entonces habría que parar el reloj, hasta que éstas se aprueben.
Hay propuestas que pueden aplicarse gradualmente. La Comisión propone que los candidatos invitados en listas parlamentarias no superen el 20%. Que ello pueda lograrse para las elecciones del 2021 puede ser debatible. Pero nada impediría determinar hoy dicho límite para las del 2026, y que en el 2021 pueda ser 40%.
Que las elecciones internas sean abiertas contribuiría mucho a estimular una renovación partidaria. La Comisión sugiere hacerlas también obligatorias. ¿Convendría forzar así una mayor participación ciudadana? ¿No sería, tal vez, mejor que fueran voluntarias?
La ‘promesa de la vida peruana’ constituye una base frágil para nuestra democracia. La mayor polarización la vuelve además más difusa. En una democracia, los adversarios políticos no deben verse como enemigos existenciales. Ello induce a un abuso de las normas, al ‘todo vale’ para aplastar al otro. Y ello se da cuando una transformación digital viene permitiendo una popularización de la mentira. Por todo ello, el Perú requiere urgente de reformas políticas. Las autoridades deben actuar con responsabilidad y urgencia para que el Bicentenario de la República pueda celebrarse con un aire de esperanza y no con el desánimo de la frustración.