En las últimas semanas se ha intensificado el debate acerca de la conveniencia de que Petroperú expanda el ámbito de sus actividades, desde la refinación de petróleo hasta la explotación y exploración del mismo. Quienes están a favor presentan básicamente dos argumentos: primero, que la mayor participación se justifica porque el sector de petrolero es estratégico y, segundo, que la decisión de incursionar en la explotación del lote 192 generará un retorno económico positivo. Estos son insuficientes para justificar la medida propuesta.

En primer lugar, se argumenta que la participación del Estado en la explotación de petróleo es estratégica. Esta lógica señala que el Estado puede asegurar que este recurso no faltará en situaciones extraordinarias, que generen un desabastecimiento externo que ponga en jaque al Perú (una guerra, por ejemplo). De acuerdo, el Estado puede intervenir en el mercado para reducir un riesgo que nadie más es capaz de mitigar. Sin embargo, cuando hay recursos escasos – y este siempre es el caso – debemos buscar la manera más eficiente de cumplir con los objetivos propuestos.

En lugar de hacer que el Estado sea productor de petróleo, se puede reducir el riesgo de desabastecimiento con mayor efectividad, y a un menor costo, haciendo que Petroperú potencie una actividad en la que sí tiene amplia experiencia: el almacenamiento de combustibles. Con US$500 millones de inversión se podría duplicar la capacidad actual de almacenes, con lo que se tendría una reserva de combustibles para abastecer al mercado en situaciones extraordinarias. Este monto es menor al que el Estado tendría que invertir para aumentar la capacidad del Lote 192. Además, la explotación local de petróleo no es (ni será) suficiente para dejar de depender de las importaciones. La producción del Lote 192 solo puede satisfacer el 5% del consumo de todos los combustibles en el Perú. Por eso, incluso si aceptamos el argumento de “sector estratégico”, este no justifica que Petroperú explote el Lote 192.

En segundo lugar, se argumenta que si el Estado explota el Lote 192, el retorno económico es positivo. Puede ser cierto, pero nuevamente este no es un argumento que justifica que el Estado entre. Si el Estado crea una empresa de tijeras, o de pañales o de refrigeradoras podría seguramente tener retornos positivos, pero no es razón para respaldar que el Estado use el dinero de los ciudadanos para tales fines. Nuevamente, los recursos del Estado son escasos y las necesidades de la población son enormes. Lo que realmente se debe analizar es si es que haciendo esas inversiones, el Estado logrará la máxima rentabilidad social con el dinero de los ciudadanos, entre todas las demás alternativas de inversión disponibles. Y claramente la respuesta es un rotundo no.

Con el precio actual del petróleo ($45 por barril), siendo optimistas el Lote 192 debería dar un retorno aproximado de 5% (con un precio promedio de $93, el privado obtuvo un retorno de 12% en el 2014). Eso sin considerar que Petroperú hoy no tiene la capacidad financiera ni técnica para entrar a la actividad de explotación ¿Cómo se compara ese 5% optimista con otras alternativas de inversión? Mal.

El retorno social estimado de grandes proyectos de irrigación que generan empleo formal y permanente a miles de personas como Majes Siguas II o Chavimochic III es casi 25%. Y existen otras alternativas. La inversión que se podría hacer a través del programa Fonie del Midis, que busca llevar combos básicos de infraestructura (agua, saneamiento, luz, telefonía, caminos) a la población más excluida del país genera un incremento en los ingresos de los más pobres mayor al 30% [1]. El programa está ahí y este gobierno se autodefine de inclusión social ¿Cómo les explicamos a los más pobres que su gobierno prefiere invertir en producir petróleo en lugar de llevarles infraestructura básica?

Por eso, entender y defender el principio de subsidiariedad del Estado es muy importante. El Estado debe hacer lo que puede hacer mejor que otros. Si el Estado no explota el Lote 192, un privado seguramente lo va a hacer y bien. Pero si el Estado no se hace responsable de llevar agua, saneamiento, luz, telecomunicaciones, caminos, buenas escuelas y postas médicas a los más pobres del Perú, ¿Quién lo va a hacer?

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[1] Según estimaciones de Escobal y Torero, de Grade.

Autor: José Carlos Saavedra e Iván Portocarrero. Economistas de APOYO Consultoría
Fuente: Revista Poder 360