Uno de los mayores cuellos de botella para nuestro crecimiento es su deficiente infraestructura. En el último ránking del Foro Económico Mundial nos ubicamos en el puesto 105 de 144 países evaluados. En los próximos 10 años se requeriría invertir más de US$70 mil millones para cerrar el déficit que tenemos en carreteras, energía, telecomunicaciones y saneamiento. Los recursos no son, sin embargo, el mayor problema para avanzar rápido en esta tarea. Estos existen, gracias al incremento del ahorro privado (por ejemplo, en el Sistema Privado de Pensiones) y ahorro público, y a la capacidad de financiamiento de nuestras empresas en los mercados internacionales, producto de nuestro grado de inversión. Tenemos el financiamiento y operadores privados dispuestos a invertir en estas actividades. Estas tienen un marco regulatorio e instituciones supervisoras que funcionan apropiadamente. Por ello, el sector privado ha participado en todos los procesos de concesión convocados por Pro Inversión e, incluso, ha tomado la iniciativa de proponer proyectos autosostenibles o cofinanciados. En los próximos cuatro años se invertirán US$25 mil millones en infraestructura ya concesionada –metro de Lima, electricidad, carreteras y vías urbanas, transporte de hidrocarburos, puertos y aeropuertos–, de los que la quinta parte será financiada por el Estado.
El desafío, por tanto, no está en cómo interesar al sector privado en invertir en infraestructura, sino en lograr que esta inversión se ejecute en plazos razonables. El vía crucis de las empresas se inicia apenas otorgada la concesión. Se pierden cerca de dos años, sino más, en gestión de permisos ante municipalidades y gobiernos regionales, aprobaciones de permisos ambientales, expropiación de terrenos, negociaciones de servidumbre, interferencias con otras concesiones, etc. Peor aun, muchas veces estas demoras obligan a renegociar los contratos de concesión. Todo esto ocurre ante la indolencia de muchos funcionarios y autoridades, que se ponen de costado por temor a asumir responsabilidades administrativas y riesgos políticos. Por ello, el principal escollo es el Estado y la falta de voluntad política firme para levantar las piedras que la burocracia suele poner en el camino.
Con las señales correctas, el sector privado no solo seguiría participando en las concesiones promovidas por Pro Inversión, sino que tomaría un rol activo en proponer soluciones para cubrir el déficit. La Ley de Asociaciones Público-Privadas es uno de los instrumentos que podrían ser utilizados. Ya se han presentado más de 60 iniciativas privadas cofinanciadas, que están en evaluación. A través de este mecanismo el sector privado puede encargarse de construir y mantener no solo líneas de transmisión, carreteras, puertos o aeropuertos, sino hospitales, escuelas públicas, obras de saneamiento (agua y desagüe), todas las pistas, veredas y semaforización de una ciudad a través de un solo contrato, etc. Un ejemplo lo constituyen las iniciativas presentadas en educación, bajo el auspicio del Minedu. Se trata de entregar en concesión la construcción y mantenimiento de 14 centros educativos de alto rendimiento en el interior del país, similares al Colegio Mayor Presidente del Perú en Lima.
El objetivo del Estado debe ser la provisión eficiente de servicios de calidad para la población, no la gestión misma. A través de estos mecanismos, con contratos y supervisión apropiados, el país podría avanzar significativamente en el cierre de las brechas de infraestructura y servicios sociales. Es cuestión de voluntad política.
Autor: Gianfranco Castagnola, Presidente Ejecutivo de APOYO Consultoría
Fuente: Perú 21