Hay un enorme consenso en el Perú en señalar a la informalidad laboral como una seria limitación a nuestro desarrollo. Lamentablemente no estamos ni cerca de estar de acuerdo respecto de cómo resolver el problema. Las manifestaciones en el marco de la llamada “Ley Pulpín” dejaron claro qué camino no se quiere tomar, pero el problema sigue ahí, sin una propuesta de solución seria.

Lo crítico es que se trata de un problema muy grande como para dejarlo ahí: el 70% de los trabajadores urbanos trabaja sin contrato, por lo tanto, no tiene acceso a beneficios sociales y el Estado no puede asegurarle condiciones dignas de trabajo. Frente a esto, hay una alternativa de solución para formalizar pero sin reducir beneficios laborales.

Para entender el espíritu de la propuesta, es importante mencionar la raíz del problema: la informalidad laboral es muy elevada y persistente en el Perú porque es la decisión económica óptima de empresas y trabajadores. En el Perú tenemos una desbalance enorme que desincentiva o impide que la mayoría de puestos de trabajo sean formales: por un lado, el valor producido por cada trabajador es bajo y heterogéneo y, por otro, el costo de crear un puesto formal es alto y homogéneo, alejado de la realidad.

Para corregir este desbalance hay dos opciones: aumentar la productividad laboral de los trabajadores menos productivos o reducir el costo de contratarlos formalmente. La “Ley Pulpín” iba en esa dirección, pero implicaba la reducción temporal de beneficios, lo que generó el rechazo de los jóvenes.

Pero este no es el único camino. Es posible mejorar el balance con una medida de rápida implementación que no implica la reducción de beneficios laborales: un incentivo tributario a la generación de empleo formal a plazo indeterminado. Por ejemplo, si una empresa gasta 1000 soles en un trabajador, podría descontar como gasto un monto mayor frente a la Sunat, y así reducir su pago de impuesto a la renta.
Frente a la dificultad de reducir por separado los diferentes conceptos que generan los elevados costos de ser formal, el incentivo tributario los reduce conjuntamente con una sola medida y sin crear más regímenes especiales. Así, será la sociedad quien pague, con sus impuestos, los beneficios laborales que la población considera irreducibles y permitirá que más personas accedan a la protección social que da la formalidad.
Puede sonar bien en el papel; sin embargo, es crucial que se diseñe adecuadamente. En el Perú abundan los ejemplos de incentivos tributarios mal diseñados que quitan recursos al Estado y no logran los objetivos para los que fueron creados. Para evitar esto, se debe asegurar que el incentivo beneficie solo al público objetivo (trabajadores de baja productividad) y que esté sujeto a evaluaciones periódicas para saber si está cumpliendo su objetivo.

Con esta idea en la cabeza, cuando me enteré del proyecto de Ley presentado por Luciana León, promocionado como #soychamba, pensé que era una buena alternativa. Este proyecto contempla un incentivo tributario para promover la contratación de empleo formal de jóvenes. Sin embargo, cuando lo revisé detalladamente me asusté.

El proyecto, tal como está, puede terminar generando más problemas que beneficios. Por ejemplo, se propone la exoneración total del impuesto a la renta durante el primer año de empresas nuevas, lo que genera espacios para la evasión. Además, solo incluye como beneficiarios a los jóvenes de 18 a 29 años. El problema de baja de productividad afecta a los jóvenes, sí, pero no solo a ellos: hay jefes de hogar mayores de 30 años, que por su bajo nivel de calificación son excluidos de la formalidad. Además, me llamó la atención que incluye medidas que no tienen nada que ver con la solución del problema, como por ejemplo la determinación de aumentos salariales obligatorios luego del primer año de trabajo. Es muy intervencionista.

En suma, poner incentivos tributarios a la creación del empleo formal de mayor calidad, acotado a trabajadores de bajo salario, es una alternativa para evaluar. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado, pues un remedio mal diseñado puede ser peor que la enfermedad.

Autor: José Carlos Saavedra, jefe de análisis macroeconómico de APOYO Consultoría
Fuente: Revista Poder 360