La descentralización nos concierne a todos al ser determinante para nuestro desarrollo y para la atención de las necesidades específicas de cada ciudadano. El proceso fue muy apoyado en su momento; en el 2002, el 73% estaba a favor de la descentralización, deseando un desarrollo equitativo en los departamentos. La desilusión, luego de una década, es también amplia: solo el 36% considera que la descentralización ha sido algo positivo.
El gran problema fue tomar la descentralización como un fin y no como un medio para brindar más y mejores servicios al ciudadano. El proceso fue acelerado; no se transfirieron competencias y funciones gradual ni ordenadamente. Se hicieron estas transferencias sin tener claro quién haría qué, sin identificar ni optimizar las cadenas de valor de los servicios brindados. La acreditación fue acelerada y formalista, generando una carga masiva de responsabilidades a los gobiernos subnacionales, sin asegurarles los recursos y capacidades necesarias. No se midió quién estaba más cerca del ciudadano y contaba con capacidad efectiva para atenderlo al menor costo unitario y aprovechando economías de escala. A pesar de tener un buen diseño legal para el proceso, se perdió tiempo en la fallida regionalización y se dejó de lado lo más importante: atender mejor las necesidades del ciudadano, brindando el mayor beneficio por sol gastado.
Sin embargo, la descentralización es un mandato legal, constitucional e irreversible; debemos ver cómo mejorarla continuamente. Lo primero es entender que somos un Estado unitario y descentralizado; hay una tensión natural entre autonomía (no autarquía) y control (no recentralización). Debemos fortalecer el rol rector del Poder Ejecutivo, que dicta políticas y normas obligatorias para todas las entidades públicas a nivel nacional. Se debe “apelar al ángel” con incentivos y mecanismos (bonos por desempeño, manuales, etc) y “dar palo al diablo”, con la capacidad de sancionar a funcionarios y entidades que incumplan los mandatos nacionales. Esto requiere de una tipificación de faltas y sanciones a políticas y normas sustantivas, así como para los sistemas administrativos. Se debe reacreditar a los gobiernos subnacionales; brindar los recursos necesarios a los que tienen capacidad de atender al ciudadano con el mayor beneficio por sol gastado y desarrollar capacidades donde hace falta. Justos no deben pagar por pecadores; no todo ha sido negativo. Premiemos los logros y recojamos lecciones aprendidas; no busquemos desandar lo andado.
Autor: José Luis Escaffi, Socio de Gestión Pública de APOYO Consultoría y panelista de descentralización en CADE Ejecutivos 2014
Fuente: SEMANAeconómica.com